Destacó la profesora universitaria Martha Prieto, durante un encuentro con trabajadores del ICRT 

“Una Constitución es un conjunto de normas de derecho, principios y valores esenciales de una nación que regula lo fundamental y existe para ser respetada y aplicada por todos”, destacó la doctora Martha Prieto, vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo y profesora titular de la Universidad de La Habana, durante un encuentro con trabajadores del Instituto Cubano de Radio y Televisión (Icrt).

Organizado por el Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas, el encuentro sirvió para intercambiar impresiones sobre el Proyecto de Constitución de la República de Cuba, los cambios esenciales que tendrán lugar en la Carta Magna, y los derechos y deberes de los ciudadanos cubanos.

En su intervención, Prieto explicó que la ley de leyes es el marco jurídico, político e ideológico del país, así como la pauta reglada de acción del aparato de poder y entes políticos y sociales. Señaló, además, que se trata de un documento que expone el límite jurídico político, es una garantía para orden y derechos, y la jerarquía suprema respecto a todos.

Según la profesora, la cambios en la Constitución de la República deberán garantizar el disfrute de los derechos individuales y colectivos en una sociedad, a través de determinados presupuestos como la ciudadanía efectiva, la igualdad de derechos y deberes, la progresividad de los derechos humanos, la proscripción de la discriminación por razón de origen étnico, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, los derechos limitados por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general y el respeto al orden público, la Constitución y las leyes.

Aunque la actual Constitución incluye una serie de derechos individuales, las nuevas propuestas abordarán otras aristas relacionadas con el libre desenvolvimiento de la personalidad, la libertad de expresión, la intimidad personal y familiar, y la libre entrada, salida y permanencia de ciudadanos en el territorio nacional, la información veraz y el uso, disfrute y disposición de la propiedad.

Entre las garantías que se tendrán en cuenta para la elaboración del nuevo documento estarán la protección de la paternidad; el matrimonio entre dos personas; la obligación del Estado, las familias y la sociedad de proteger a niños y adolescentes, adultos mayores y discapacitados; la prohibición del trabajo infantil; el derecho a reclamar ante los tribunales; y el acceso a la justicia en caso de confiscación administrativa.

Durante su ponencia, Prieto enumeró un grupo de deberes ciudadanos y resaltó otros cambios que se incorporarán a la nueva Constitución, como la supremacía constitucional, la obligación de órganos estatales, dirigentes y funcionarios de respetar y atender al pueblo, mantener vínculos y someterse a control, la promoción del desarrollo sostenible, el reconocimiento del mercado en función de los intereses sociales, y la no concentración de la propiedad no estatal.

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