Hombres y mujeres del canal deportivo tienen la palabra

 Amplio y fructífero resultó el debate realizado por los trabajadores de Tele Rebelde en torno al proyecto de la nueva Carta Magna

En la sala Che Guevara, del Instituto Cubano de Radio y Televisión (Icrt), tuvo lugar la reunión de los trabajadores de Tele Rebelde como parte del proceso de consulta popular del Anteproyecto de Constitución de la República de Cuba.

Presidieron la reunión el periodista Ernesto Ruiz Ramos y el realizador José Luis Ferrer. Estuvieron presentes, además, el periodista Milton Díaz Canter, en representación del Comité del Partido en la Televisión cubana, y Andrés Calaza, de la Dirección general de la televisión.

Algunas de la propuestas, planteadas por el comentarista deportivo Mario Llerena, estuvieron encaminadas a agregar términos como legislación y legalidad al Artículo 8 del Capítulo I, donde se aborda el tópico del conjunto de normas jurídicas que deben regir en la nación. Otras de sus sugerencias, en torno al Artículo 13 de ese mismo capítulo, estuvieron encaminadas a la promoción de un desarrollo sostenible que asegure el crecimiento económico colectivo e individual, así como a la protección de la naturaleza y los recursos naturales del país.

Sobre el Título II “Fundamentos Económicos”, el periodista Milton Díaz Canter refirió que la persona natural que más ganancias obtenga debe ser la que más aporte a la sociedad. Mientras, de manera colectiva, se ratificó el deseo de que cada trabajador reciba un salario acorde con su capacidad productiva y no se acumulen las riquezas estatales en un mismo sector de la economía. Por su parte, el comentarista Llerena señaló que en el Artículo 31 –de ese segundo título– debe consignarse la obligatoriedad del trabajo en la sociedad socialista.

El Título III “Derechos, deberes y garantías” suscitó un amplio grupo de propuestas, entre ellas: agregar un capítulo relacionado con la Ley de Protección Animal y otro donde se penalicen las indisciplinas sociales y los resultados de todas las prácticas –incluidas las religiosas– que en público puedan afectar la salud colectiva y el medio ambiente.

Sobre el Capítulo III “Derechos sociales, económicos y culturales”, algunos asistentes al debate mostraron preocupación acerca del Artículo 78, referido a la jornada laboral de ocho horas y a las vacaciones anuales pagadas, aspecto que debe adecuarse a las especificidades de los trabajadores del Icrt.

Una propuesta de la periodista y locutora Yisel Filiú Téllez, y otros trabajadores, consiste en incluir en la redacción del Artículo 82 que el Estado debe garantizarles a sus ciudadanos una vivienda digna y habitable.

En cuanto al Capítulo VI “Garantías Juridiccionales” coincidieron en la necesidad de crear un tribunal donde la ciudadanía pueda reclamar ante la violación de los derechos plasmados en la Constitución.

El Título VI sobre la Estructura del Estado resultó el más debatido, con recomendaciones en torno al papel de la Asamblea Nacional del Poder Popular como el órgano legislativo y supremo de la nación, la elección de sus diputados, la subordinación directa de la Contraloría General de la República a la Asamblea, los mecanismos para la elección del Presidente y el Vicepresidente del país, la cantidad de candidatos para esos cargos, sus períodos de mandato, la edad mínima requerida para ser Presidente y Vicepresidente, entre otros aspectos.

Llerena sugirió eliminar de la Constitución el nombre de Gobernador y la figura del Primer Ministro. Otro aspecto que encontró gran consenso fue que los aspirantes al cargo de Gobernadores provinciales deben ser elegidos por los pobladores de su localidad, residir en la provincia por un período mayor de 10 años y tener experiencia previa en cargos de dirección.

Acerca del Título X “Defensa y Seguridad Nacional”, Díaz Canter presentó la propuesta de incluir una Ley de protección a los veteranos y combatientes internacionalistas en aras de mejorar su calidad de vida y las de los familiares que los sobrevivieron.

Casi al cierre de la consulta, una trabajadora apuntó que la votación popular de este anteproyecto debe ser aprobada, primero por capítulos, de manera independiente, para que luego el pueblo vote, finalmente, por la nueva Carta Magna, en su totalidad.