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Cuando el pasado 25 de mayo el Parlamento aprobó el proyecto de Ley de Comunicación (tras largo proceso de consulta y debates, que incluyeron su publicación en sitios digitales al alcance de la ciudadanía) tuve la certeza de que iniciaba, de manera formal, un proceso complejo y de urgencia. Hoy como si fuera un acto de premeditación, cuando me disponía a redactar estas líneas, a mi celular llegó vía WhatsApp un mensaje de un número desconocido advirtiéndome de férreos controles gubernamentales a los canales privados de comunicación de la ciudadanía. Me pedían sumarme a la cadena por el bien de mis contactos, a los que debía proteger de la censura. No es casual, es la vida.

Ese nivel de exposición con el que convivimos los cubanos de manera muy particular (singularidades de nuestra sociedad que es punto de mira y objeto de cuestionamientos y manipulaciones, y que de tanta defensa se ha tornado a veces en coto cerrado, o en información que llega con atraso) signó la necesidad de la norma. Su estructura y redacción ajustaron términos, abrieron el espectro, definieron escenarios y esclarecieron asuntos medulares relativos a la incuestionable importancia de la comunicación, reconocida como derecho y deber según el modo de actuación de sus protagonistas en cada contexto.

Para enriquecerla fueron activos en su debate los compañeros de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), los Comunicadores sociales (que celebran su aniversario 32 el próximo 26 de junio), el claustro formador de los futuros actores desde los medios fundamentales, ellos se saben responsables directos de la correcta aplicación.

A la ciudadana que soy le alegra ver explícitamente reflejado el espacio comunidad. Nuestro modelo de gobierno tiene allí su concreción. Me enorgullece que, en apego a la Carta Magna, podamos exigir ser resarcidos si resultáramos injustamente afectados, ¡Yo conozco el poder de la palabra! No me asustan los patrocinios, la publicidad, ni las alianzas, los valoro como muy necesarios, y esa es una realidad que no tienen que explicarnos a los que desde la televisión, la radio y la prensa escrita sorteamos escollos materiales para hacer lo que nos toca. Entiendo las razones de los preocupados, pero mi bando es el de hacer e ir rectificando, nunca la quietud, la inactividad ante la urgencia.

Conozco la Ley y no voy a contarla, la analicé, confronté a colegas amigos, revisé artículos cuya firma premiada con respeto valida el compromiso desprejuiciado. Ahora toca esperar los reglamentos que la implementarán.

Mientras escribo pienso que este asunto, como otros de carácter legal, requiere de una mayor cultura jurídica en nuestra población, y en la concientización de que todos los trabajadores de la radio y la televisión somos sus artífices, aunque en el contenido de algunos vaya solo el aparente entretenimiento de la programación variada.

Sí, la nueva Ley de Comunicación nació bien, la estructura que ha de sostenerla tiene en el liderazgo del Ministro, Alfonso Noya, a un cubano cabal, a un hombre sensible y revolucionario. Pero comunicarnos mejor, hacer de este arte herramienta que construya, rectifique, motive, esclarezca e impulse a escala social e individual, es un asunto que no puede resolver por sí sola, una Ley.